Asamblea General Extraordinaria ICAGI, sobre Asistencia Jurídica Gratuita

El pasado 23/04/2013 se celebró Asamblea General Extraordinaria en el ICAGI, con el siguiente orden del día:

1.- Información a la Asamblea respecto a la situación actual del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.
2.- Exposición de las posibles medidas a adoptar en su caso por la Junta de Gobierno en la prestación del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Incidencias para el Colegio y los colegiados.
3.- Ratificación por la Asamblea de la disposición de la Junta a adoptar posibles medidas en su caso en la prestación del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.
4.- Ruegos y preguntas.

Dado que sois varios los compañeros que no pudisteis acudir y me habéis preguntado cómo fue la Asamblea, para evitar explicar una y otra vez lo mismo, he decidido escribir una crónica-resumen de lo que allí se trató, tomando como referencia las notas que pude tomar. Las notas son necesariamente incompletas, y probablemente inexactas en alguno de sus puntos, pero procuraré no olvidar ningún punto importante. Ruego me disculpéis quienes hayáis asistido a la Junta si encontráis alguna inexactitud en este texto, y a ser posible, os agradecería que aportarais correcciones.

INTERVENCIÓN DEL DECANO EN FUNCIONES

La Asamblea inició con la intervención del decano en funciones Txomin Arizmendi, que informó de que el día anterior se había reunido el Consejo de los tres colegios vascos, a fin de tratar de ir de la mano en este tema. De dicha reunión se acordó el texto de un comunicado, que nos expuso y leyó de viva voz. Dado que el mismo fue hecho público al día siguiente, no creo necesario explicarlo en base a mis notas, creo que es más conveniente adjuntarlo íntegro. Además procedió a desmentir que el servicio de Justicia Gratuita vaya a privatizarse, ya que por lo visto ha habido rumores en tal sentido.

INTERVENCIÓN DEL VICEDECANO. EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE APROBACIÓN DEL DECRETO DE JUSTICIA GRATUITA

A continuación tomó el relevo Gerardo López, actual vicedecano, para dar cuenta de la situación del Turno de Oficio y la Justicia Gratuita, haciendo repaso de la evolución de los acontecimientos de los últimos meses, relacionados principalmente con la aprobación por parte del Gobierno Vasco del Decreto 110/2012, de 19 de junio, de Asistencia Jurídica Gratuita, que como sabéis, entró en vigor el 01/09/2012. Realizó una exposición de cómo fue la aprobación de dicha norma, que bajo mi punto de vista, reflejó una actuación desleal por parte del Gobierno Vasco hacia el colectivo de abogados. No tengo mayor interés en extenderme en este punto.

REACCIÓN DEL COLEGIO ANTE LA APROBACIÓN DEL DECRETO DE JUSTICIA GRATUITA

La reacción del Colegio ante el citado Decreto fue la de recurrirlo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, recurso que aún está en trámite de contestación, y mientras el Decreto está ya vigente. Además se nos informó de que el Colegio está adoptando, como medida de presión, la postura de exigir sistemáticamente el cumplimiento de todos los requisitos formales de la normativa vigente cuando el Juzgado requiere al Colegio para que realice una designación, en vez de flexibilizar su aplicación.

APLICACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO

Al entrar en vigor el nuevo Decreto, se genera un régimen transitorio para aquellos asuntos existentes con anterioridad. El Colegio es de la postura de interpretar que en los asuntos en los que la designación sea anterior al 01/09/2012 será plenamente vigente la regulación anterior, mientras que por lo visto el Gobierno Vasco muestra tendencia a interpretar que lo que determina la aplicación de una u otra norma no es la designación, sino la actuación. Esta segunda interpretación sería perjudicial para los letrados que hayan sido designados con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto, y hayan realizado la primera actuación con posterioridad. En cualquier caso, parece estar por ver qué criterio va a seguir el Gobierno Vasco al final.

ASUNTOS FALLIDOS

Son asuntos fallidos aquéllos en los que tras haber sido designado para la defensa de un ciudadano por el Turno de Oficio, la solicitud de Justicia Gratuita es finalmente denegada (por no cumplir los requisitos, por falta de documentación, o por el motivo que fuere), el abogado interpone jura de cuentas, pero resulta incobrable, dictando el Juzgado auto de insolvencia. Hasta hace poco se venía funcionando según un acuerdo alcanzado con el Gobierno Vasco, según el cual en el orden penal sólo se exigiría tramitación de solicitud de Justicia Gratuita en determinados asuntos (menores, alcoholemia, y violencia de género cuando se iba con la acusación particular), y en cualquier caso, la existencia de un auto de insolvencia suponía el cobro del módulo. De esta manera el Gobierno Vasco cubría los posibles fallidos. En cualquier caso, este modo de funcionar no tenía sustento normativo, se basaba en un mero acuerdo.

Desde el año 2012 esto ya no es así, los fallidos ya no se pagarán. Es decir, si se designa a un abogado para la defensa de una persona y a esta persona finalmente le es denegada la Justicia Gratuita, el Gobierno Vasco no asumirá el pago de nuestros honorarios, estaremos abocados a instar una jura de cuentas, que en caso de resultar infructuosa y terminar con un auto de insolvencia, nos abocará a trabajar sin cobrar.

Según parece el anteproyecto del famoso Decreto de Justicia Gratuita incluía una previsión de los fallidos en el art. 40, dotándolos de regulación, y lo que es más importante, de presupuesto. Sin embargo, tras emitir los colegios sus respectivos informes, contando con que se incluiría el citado art. 40, el mismo fue eliminado en el proyecto final, reduciendo además los módulos y fraccionándolos en dos pagos del 75% y el 25%.

ASUNTOS EXCEPCIONADOS DE TRAMITACIÓN DE JUSTICIA GRATUITA

Respecto de aquellos asuntos en los que deben completarse los anexos 2 y 4, que están excepcionados de la tramitación completa de la solicitud de Justicia Gratuita, existía el inconveniente de que la plataforma habilitada para la tramitación telemática de las solicitudes de Justicia Gratuita no preveía estas dos excepciones, por lo que no podían tramitarse telemáticamente. Si no lo entendí mal, primeramente el Gobierno Vasco consintió que fueran tramitados mediante listados en papel confeccionados al efecto por los colegios, aunque después se desdijo y pretendió no admitir los listados en papel, y finalmente parece ser que las presiones de los colegios sirvieron para que nuevamente fuera admitida la tramitación en papel.

LEY DE TASAS Y JUSTICIA GRATUITA

La Ley de Tasas recoge el reconocimiento legal del beneficio de Justicia Gratuita a diversos colectivos, y entre otros aspectos, amplía el umbral económico para la concesión de la Justicia Gratuita, a fin de absorber el impacto negativo de las tasas en el acceso a la Justicia por parte del ciudadano. Ampliar el umbral implica aumentar el número de posibles beneficiarios de la Justicia Gratuita, con su consiguiente aumento de costes, por lo que para paliar dicho aumento, el Gobierno Vasco decide aplicar como baremo el IPREM de 12 pagas anuales, en vez del IPREM de 14 pagas. Esto supone que en vez de aplicar el baremo de 14.910 euros anuales, que supone 1.242 euros mensuales, se aplica el baremo de 12.780 euros anuales, que supone 1.065 euros mensuales.

Además no se valora la renta real disponible, al no computar gastos (hipoteca, pensiones de alimentos debidas…), sólo ingresos, y se tiene en cuenta la existencia de ayudas públicas para la denegación de la Justicia Gratuita, aún a sabiendas de que las mismas son inembargables, por lo que una hipotética jura de cuentas desembocará necesariamente en un auto de insolvencia. Con estas medidas el resultado inevitable es un aumento de la bolsa de fallidos, de la que nadie se responsabilizará.

Ante esto, la Junta de Gobierno ha decidido promover la impugnación de las resoluciones de la Comisión que denieguen injustamente el beneficio de Justicia Gratuita.

REUNIONES CON EL GOBIERNO VASCO EN MARZO Y ABRIL DE 2013

De las reuniones mantenidas con el Gobierno Vasco el 13/03/2013 y el 09/04/2013 se dieron las siguientes informaciones:

  • Respecto de las liquidaciones del segundo semestre del 2012, el Gobierno Vasco abonará según los criterios del nuevo Decreto (menores módulos, y en dos pagos) todas las actuaciones realizadas a partir de septiembre de 2012, independientemente de la fecha en la que se haya realizado la designación. Ante esto el Colegio adoptará la postura de liquidar los importes reconocidos por el Gobierno Vasco, y recurrir por las diferencias.
  • Ante la posibilidad de firmar convenios con las diputaciones forales para que las mismas faciliten telemáticamente la información económica de la que dispongan a fin de facilitar la tramitación, las diputaciones se han negado a colaborar en este aspecto, escudándose en que no existe previsión legal que les imponga ese deber de colaborar. El Colegio queda a la espera de lo que establezca la futura reforma de la Ley de Justicia Gratuita, que se espera para finales de 2013.
  • El Gobierno Vasco aprobó una dotación para formación de 25.000 euros.
  • El Gobierno Vasco parece dispuesto a recular en el fraccionamiento
  • El Gobierno Vasco estudiará si revisar el modo de actuar en caso de que tras una denegación exista auto de insolvencia.
  • Se está planteando la posibilidad de fijar una partida adicional de 160.000 euros para cubrir los fallidos, siempre que se suscriban acuerdos de colaboración con los Colegios, en función de acuerdos de “cofinanciación”. Es decir, el Gobierno Vasco estaría dispuesto a aportar parte de esos 160.000 euros para cubrir los fallidos, siempre que los colegios pusieran la diferencia. Vamos, que pretenden que nos paguemos nuestros propios honorarios. El Colegio, como no cabía esperar de otra manera, rechaza la “cofinanciación”.

En resumen, parece ser que el nuevo equipo de gobierno resultante de las últimas elecciones autonómicas muestra mayor vocación de diálogo que el anterior Ejecutivo, pero se encuentran a la espera de lo que diga la futura reforma de la Ley de Justicia Gratuita. En cualquier caso, parecen dispuestos a estudiar el asunto de los fallidos, y quizás también a recular en lo del fraccionamiento del pago.

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COLEGIO

A continuación se enumeraron las distintas medidas adoptadas por el Colegio:

  • Interposición de recurso contencioso-administrativo contra el Decreto
  • Interposición de acciones judiciales para la liquidación del segundo semestre
  • Admisión de excusas de los colegiados
  • Exigir todas las formalidades para la designación judicial
  • Inaplicación de la libre designación de letrado de oficio
  • Revisión diaria de expedientes con la Comisión, en vez de semanalmente
  • Reunión con el presidente de la Audiencia Provincial
  • Interposición de recursos de revisión ante las resoluciones negativas de la Comisión en caso de existencia de auto de insolvencia
  • Reunión con la Juez Decana para la agilización de las juras de cuentas
  • Notas de prensa

MEDIDAS QUE EL COLEGIO PUEDE ADOPTAR

El Colegio baraja la posibilidad de adoptar una serie de medidas de presión adicionales a las ya adoptadas, en función de la postura que en adelante adopte el Gobierno Vasco. Tales medidas se pueden adoptar de manera parcial o global, y de manera temporal o indefinida. Las mismas pueden ser:

  • Suspensión de servicios del SOJ
  • Suspensión de designaciones
  • Suspensión de guardias

En cualquier caso se trata de medidas que no se pueden adoptar sin tener en cuenta las responsabilidades que pudieran suponer para el Colegio, los miembros de la Junta, o los propios colegiados, por lo que se adoptarían, en su caso, con todas las cautelas posibles.

DEBATE Y CONCLUSIONES

Tras esta exposición, de la que creo no haber olvidado nada esencial aunque sí muchos detalles, se abrió el turno de participación de los colegiados asistentes. Hubo opiniones de todo tipo, agradecimientos y críticas a la Junta de Gobierno a partes iguales, euforia reivindicativa seguida de derrotismo, discursos llenos de retórica e intervenciones cargadas de propuestas concretas o concretables, e incluso una pizca de humor. Aunque no se adoptó resolución concreta alguna, creo que todos salimos con la impresión de que podemos y debemos HACER ALGO, y ese “algo” sólo puede salir adelante con la implicación de los propios colegiados. Debemos aunar fuerzas, no sólo para resolver este contencioso puntual con la Administración, sino también para “dignificar la profesión”, frase que salió varias veces en el debate y parece vacía, pero esconde una realidad cruel: los abogados somos cada vez menos valorados y respetados, tanto por instituciones como por particulares, y en gran medida es debido a que nosotros mismos no nos hacemos valorar y respetar.