Seis meses para finalizar la instrucción, están de broma

Supongo que quien más quien menos, todos hemos oído algo sobre el tema de la limitación temporal de la Instrucción, pero antes de entrar en la anécdota, os explico un poco de qué va el asunto. Para empezar, un procedimiento penal “normal” se divide en dos partes: la fase de Instrucción (que pueden ser Diligencias Urgentes, Diligencias Previas, o Sumario, según de qué asunto estemos hablando), y el Juicio Oral. La fase de Instrucción es la investigación previa al juicio, que es generalmente la parte más mediática en los asuntos mediáticos, principalmente por su duración, y por el trajín de famosos entrando y saliendo del Juzgado. Por eso si pensáis en jueces mediáticos siempre os vendrán a la cabeza jueces instructores: Garzón, Alaya, Velasco, Ruz… Su trabajo es muy importante, qué duda cabe, de ellos depende que en la investigación de un delito salga la verdad a relucir, y toman decisiones tan importantes como la prisión o libertad provisional de los imputados/investigados. Aunque la verdad es que la decisión más importante no la toman ellos, porque tras la Instrucción se manda el expediente a otro Juzgado, y es éste el que juzga en un pispás y manda a la gente a prisión o a la calle. En los casos que yo llevo este segundo suele ser el Juzgado de lo Penal, aunque en los asuntos que estamos conociendo últimamente en los medios el competente es casi siempre la Audiencia Provincial.

Bien, pues en los últimos años estamos asistiendo a macro-causas cuya Instrucción dura mucho, demasiado. Años. Esto causa un grave perjuicio a los imputados/investigados, que sin haber sido aún declarados culpables y con la presunción de inocencia a favor, sufren un importante desgaste personal, económico, social, mediático… lo que se conoce como pena de banquillo. Pero esto no es nuevo, por ejemplo, en el año 1998 el juez Baltasar Garzon abrió la que terminaría siendo la “macro-causa 18/98”, muy conocida por estas tierras desde las que escribo, en la que quiso dar un duro golpe a la banda terrorista ETA, y por el camino se llevó a varios inocentes que tuvieron que esperar hasta el 2009 para que el Tribunal Supremo reconociera que lo eran. Once largos años, en los que los medios hicieron sangre todo lo que pudieron y más.

¿Y dónde está la novedad en las actuales macro-causas, por qué preocupa ahora tanto la duración de la Instrucción, algo que nunca antes había preocupado? ¿Por qué hasta ahora la actitud hacia la Instrucción era de estará cuando esté, y últimamente empieza a haber prisa por finiquitar procesos eternos? Muy sencillo: la diferencia está en las personas que están sufiendo la pena de banquillo, pertenecientes a partidos con responsabilidades de gobierno. No es una cuestión irrelevante.

Y a alguien se le ocurre que esto es una locura, que hay que reducir la duración de la Instrucción de los procedimientos. ¿Cómo, dotando de más medios a los Juzgados, y abriendo nuevos donde fuera necesario? ¡No, hombre, no, que para eso hay que gastarse los dineros! Más fácil: damos un tiempo límite a los Juzgados para instruir, y terminado ese plazo, lo que no haya dado tiempo a investigar, donde esté se deja, y tiramos p’alante con lo que se haya podido investigar. Si no hay nada, se archiva, y si hay poco, se acusa de manera precaria, y ya veremos si sacamos algo en el juicio.

Reformamos el art. 324 LECr, damos 6 meses para la Instrucción, y como somos generosos, le damos al Juez Instructor la posibilidad de ampliar el plazo, a petición del Ministerio Fiscal. Pero ojo, como pasen los 6 meses sin que nadie se acuerde de pedir la prórroga, se cierra la Instrucción, y a jugar con las cartas que hay sobre la mesa. Esta limitación se publica en el BOE el 06/10/2015, y entra en vigor el 06/12/2015. Para las causas abiertas antes de la entrada en vigor de la norma, el plazo empezaría a contar desde el mismo día de entrada en vigor, por lo que para el día 06/06/2016 tienen que estar todas terminadas, o solicitada la prórroga por el Ministerio Fiscal. Tic, tac, tic, tac…

Quería daros un enlace donde se analizara de manera rigurosa todo este asunto, con las repercusiones que tendrá, pero me he encontrado tantos y tan buenos artículos con tanta facilidad, que no he querido elegir ninguno, os dejo que hagáis vuestra propia labor de investigación. Y ahora entramos a lo concreto, a mi asunto. Retrocedemos año y medio en el tiempo…

24/09/2014. El sujeto A, actuando en nombre de la empresa B, presenta una denuncia contra el sujeto C por un presunto Delito de Daños, por algo relacionado con el correo electrónico de la empresa B, que se gestiona a través de Google Apps. Y hasta ahí puedo leer.

03/10/2014. El Juzgado de Instrucción n. 1 de Argoitia admite a trámite la denuncia, y manda requerir a Google que aporte cierta información. A partir de aquí, hay una serie de comunicaciones cruzadas con Google, pidiendo aclaraciones de lo que se pide. Hasta la fecha de hoy no han conseguido obtener ninguna información relevante.

06/10/2015. Se publica en el BOE la citada Ley 4/2015, que entrará en vigor el 06/12/2015, limitando la Instrucción a 6 meses, salvo que se pida una prórroga.

14/01/2016. 15 meses y medio después de interpuesta la denuncia, el Juzgado de Instrucción n. 1 de Argoitia toma declaración por primera vez al sujeto C, el imputado/investigado. No acude con abogado particular, así que le asiste una abogada del Turno de Oficio.

25/01/2016. La citada abogada presenta un escrito en el Juzgado de Instrucción n. 1 de Argoitia solicitando la declaración como testigo del sujeto D, facilitando su nombre, apellidos y domicilio.

26/01/2016. El sujeto C no tiene claro que la abogada que le ha tocado entienda las cuestiones técnicas relacionadas con su defensa, así que se pone en contacto con un abogado guapete del que le han hablado bien, que en Internet escribe un blog de nombre Obiter Dicta, aunque esto él no lo sabe. Le encarga hacerse cargo de su defensa, y se reúne con él por primera vez el 27/01/2016.

08/02/2016. El Juzgado de Instrucción n. 1 de Argoitia acuerda citar para declarar como testigo al sujeto D, tal y como fuera solicitado dos semanas antes, y fija como fecha para su declaración el 19/04/2016, señalamiento que notifica al abogado guapete en fecha 22/02/2016.

Es decir, una simple declaración como testigo se practicará 85 días después de solicitada, lo que supone el 47% de los 6 meses previstos en la Ley para la finalización de la Instrucción.

Tenemos preparada una estrategia de defensa muy bonita que en un futuro, una vez absuelto mi cliente (que es inocente, aunque no será fácil explicarle a un Juez -de Letras- que lo es), me gustaría explicar públicamente. Pero como el Ministerio Fiscal se duerma en los laureles, me da que llega el 06/06/2016, no hemos avanzado nada, y con un poco de suerte (cruzo los dedos) se les pasa pedir la prórroga. Ojo, porque la LECr dice que la prórroga la tiene que pedir el Ministerio Fiscal, ni la puede acordar de oficio el Juez (aunque la Fiscalía General del Estado interpreta otra cosa), ni la puede pedir la acusación particular. Veremos si interpretan esto de manera estricta, o empiezan a estirar la Ley para que la cosa no se desmadre.

A lo que iba: que debe de ser una broma, es imposible que crean que 6 meses es un plazo razonable para terminar la Instrucción de una causa, cuando se tarda (por ejemplo) 85 días (casi 3 meses) en tomar declaración a un testigo. Y no creo que los Juzgados de Argoitia sean de los más saturados de España, he visto cosas peores. ¿Considerarán compleja toda causa con dos testigos o más? Al final la excepción de la prórroga se convertirá en norma, y nos va a tocar a los abogados ser los tocapelotas que recurren prórrogas que se conceden sin que concurran circunstancias especiales. Como ciudadano me da rabia que los delitos se queden sin investigar por la genialidad de un legislador inepto (o interesado, quien quiera que piense mal). Como abogado que generalmente ejerce de defensa y no de acusación, me viene bien una nueva baza de defensa, y si tengo que usarla, la usaré. Aunque la verdad es que me gusta ganar con todas las cartas sobre la mesa, y aunque a todo investigado pueda interesarle que la investigación no se lleve hasta las últimas consecuencias, en este caso me apetece verme obligado a desplegar toda la artillería. Aunque sólo sea para poder contarlo en Internet.

Ya os contaré en junio cómo de intensa ha sido la lluvia de prórrogas.

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